Gabriela Mariño, de 58 años de edad, no puede entender que en el Perú le nieguen la atención de salud solo por su tendencia sexual. Estuvo a punto de morir. El nombre masculino que sus padres le pusieron al momento de su nacimiento aún figura en su ID.
Ella relató que hace tres años se sintió mal y llegó a un centro de salud en Ñaña. “El médico era amable, pero apenas se dio cuenta de que yo era transexual, se paró sorprendido y se apartó”. Le dio calmantes y no la continuó atendiendo. Pasados dos días, su salud empeoró, pero ni en el hospital Loayza ni en una clínica particular la aceptaron.
Motivado a la falta de cuidados, esa madrugada se le reventó el apéndice y fue trasladada de emergencia al hospital Casimiro Ulloa. Una vez allí, fue intervenida quirúrgicamente a pesar de que los médicos no se ponían de acuerdo en llevarla al pabellón de hombres o mujeres.
Al siguiente día, durante la revista médica, uno de los especialistas la revisó y al notar su orientación sexual, la maltrató. “Apenas supo que yo era transexual, pidió guantes, prácticamente me arrancó el dren que tenía en el estómago. Yo sentí fobia, una actitud machista. Me humilló y me hizo mucho daño”.
Aparte de esta experiencia hay muchas otras, por ejemplo la de Tazz Montenegro, oriunda de la ciudad de Arequipa. Ella tuvo que denunciar a su hermana mayor luego de que la misma se enterara de que es lesbiana y la amenazara con buscar a un hombre para que abusara sexualmente de ella y que “se hiciera mujercita”.
Tazz declaró en el Informe sobre derechos humanos de personas trans, lesbianas, gays y bisexuales 2014-2015 que su madre decía que ella tenía la culpa, “y que mi hermana solo me corregía. Caí en depresión y hasta pensé en suicidarme”.
En el Perú, el informe recoge la situación de vulnerabilidad en la que está la comunidad LGBT. El miembro del equipo de incidencia política del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex), Alberto Hidalgo, señaló que en la actualidad no hay información oficial sobre los casos de discriminación y de violencia por la orientación sexual y de género.
No obstante, en el 2017 se han registrado 13 asesinatos y cuatro suicidios por causa de la homofobia. Se presume que de los cuatro suicidios, tres eran adolescentes con antecedentes de acoso escolar homofóbico o violencia en el hogar.
A pesar de todo, se vislumbra un aire positivo. Hay leyes locales y regionales que prohíben la discriminación por orientación sexual. Por otro lado, el Ministerio de la Mujer, de la mano con Poblaciones Vulnerables, está elaborando unas normas con recomendaciones para la atención de casos de violencia sexual y familiar contra personas LGBT.
Las autoridades y la sociedad civil también han instalado una mesa de trabajo donde se toca el problema de la exclusión. Pero la comunidad LGBTI alega que este grupo no tiene autoridad para decidir.
Malú Machuca, coordinadora de contenidos del colectivo No Tengo Miedo, refirió que “lo que se necesita es una instancia oficial que documente las cifras de violencia y garantice el derecho a la vida, a la educación, a oportunidades laborales y económicas, a una salud adecuada y a la salud mental”.
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Con información de segundoenfoque.com
