CIUDAD DE MÉXICO.- México tiene una falla estructural muy grande porque nunca ha registrado los crímenes de odio, además de que no tiene legislación ni capacitación para las policías locales y federales para detectar un crimen de este tipo señaló Alexandra Hass, presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred)
“En México no existe la legislación apropiada, los estamos trabajando con las procuradurías locales, pero en esta invisibilización de la discriminación ni siquiera tenemos tipificados penalmente. Y lograr que se persigan los delitos y que se consigne a la gente también hay una larga distancia”, señaló Hass durante su participación en la 8° edición de Expo ARU, realizada en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.
En ese sentido, destacó que uno de los grupos que más ha sufrido discriminación con violencia es la población LGBTTTIQ, pues en el último año se han contabilizado varios casos de mujeres trans asesinadas con mucha violencia en todo el país. “Y, sin embargo, no hay una legislación ni capacitación apropiada”.
Hass reconoció el inicio del levantamiento de la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) con la cual se conocerán las principales problemáticas de discriminación en los ámbitos familiar, laboral, educativo, público, entre otros sectores.
El Conapred quiere desarticular la discriminación estructural; aquella que está vinculada con el ejercicio de derechos, es decir, aquellas personas que no pueden acceder a un derecho por cierta característica.
“La discriminación estructural la vemos cuando de manera reiterada nos damos cuenta de que las mismas personas siguen teniendo los mismos obstáculos. Por ejemplo, Conapred ha recibido 2 mil 220 quejas por discriminación laboral, de las cuales 700 son de mujeres embarazadas que discriminan en su trabajo”, señaló Hass.
Destacó que este tipo de discriminación no siempre tiene que responder a una intención. Pues muchas veces está tan normalizada que se hace de una manera recurrente. Dio el ejemplo de las trabajadoras del hogar, que representan 2.4 millones de personas y 90 por ciento son indígenas, y viven inmersas en una situación de discriminación estructural.
“La Ley Federal de Trabajo dice que las trabajadoras del hogar laboran 12 horas. Ellas están excluidas de la seguridad social, no tienen derecho a pensión y sus aumentos dependen del patrón y muchas de ellas no tienen vacaciones. Los aumentos del salario dependen del patrón”, platicó.
Hass explicó que la discriminación estructural es generalizada. Es decir, no se distingue entre el ámbito público y privado. “Es parte del problema de la normalización de la discriminación, que cuando todos los ámbitos de la sociedad mandan el mismo mensaje es muy difícil de combatir porque están contra corriente de todos los ámbitos de la vida”.
Por esta razón, destacó la importancia de espacios como los de la universidad para reflexionar y combatir la discriminación al señalarla, conocerla y reconocerla.
“La discriminación tiene raíces históricas. Las barreras al acceso a los derechos han estado siempre, lo cual hace difícil combatir porque lo tenemos tan enraizado, integrado e incorporado que nos cuesta trabajo identificar el clasismo, racismo, machismo. El ejemplo es el tono de piel, México ha sido muy renuente a aceptar que el tono de piel es un factor fuerte de discriminación”, enfatizó.
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