
Sin embargo, la Jueza Karla Alexandra Domínguez Aguilar decidió no otorgar el amparo con el argumento de que los demandantes no habían “acreditado” ser miembros de la comunidad LGBT.
Activistas locales, cuestionaron el actuar de la jueza y reprobaron que se haya rechazado la demanda de amparo porque no se presentó una acreditación de ser gays, lesbianas o trans y en cambio, la misma jueza no consideró que la votación secreta fue inconstitucional.
El colectivo PTFY condenó la petición de la jueza por ser inconstitucional, ilegal e ilógica por su imposibilidad de ser cumplido.
Externaron su preocupación por la decisión, dado que era un grave precedente para la administración de justicia en Yucatán a través del juicio de amparo.
Los mismos activistas indicaron a medios locales que buscarán que el caso sea analizado por instancias superiores.
Con información de La Jornada Maya.















