CEUTA.- Los solicitantes de asilo que pertenecen a la comunidad LGBT en Ceuta, el enclave español en el norte de África, están expuestos a hostigamiento y abusos, señaló hoy Human Rights Watch. Las autoridades españolas deberían trasladar a estas personas inmediatamente al territorio continental y cesar la política de facto por la cual se bloquean la mayoría de los traslados de solicitantes de asilo hacia España peninsular.
“Los solicitantes de asilo LGBT que huyeron de contextos de intimidación y hostigamiento homofóbico en su país de origen enfrentan abusos similares en Ceuta, tanto en el centro de inmigración como en las calles”, expresó Judith Sunderland, directora asociada para Europa y Asia Central de Human Rights Watch. “España debería trasladar a estas personas a centros de acogida en la península, donde pueden obtener los servicios y la asistencia que por derecho les corresponden”.
Todos los inmigrantes que ingresan en Ceuta en forma irregular son alojados en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), que depende del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. El establecimiento, que fue diseñado para estadías breves y tiene capacidad para 512 personas, a menudo está saturado. A pesar de los esfuerzos del personal, los solicitantes de asilo no pueden recibir la atención y los servicios que el derecho español les reconoce.
Cuando Human Rights Watch visitó el centro el 28 y 29 de marzo, había 943 residentes, muchos de los cuales vivían en grandes tiendas instaladas en lo que anteriormente había sido una cancha de baloncesto dentro del predio, mientras otros dormían en salas que deberían usarse para clases o actividades grupales. Si bien el centro es abierto, y los inmigrantes pueden entrar y salir, no se les permite salir de Ceuta, un enclave de apenas 18,5 kilómetros cuadrados.
Según personal del centro, actualmente hay entre 70 y 80 solicitantes de asilo en el centro de Ceuta, de los cuales al menos 10 han pedido asilo alegando discriminación por su orientación sexual o identidad de género.
Human Rights Watch habló con tres hombres gais alojados en el centro, dos procedentes de Marruecos y uno de Argelia, que habían pedido asilo por persecución debido a su orientación sexual. Describieron haber vivido situaciones de abuso extremo, incluida la violencia física ejercida por familiares, rechazo reiterado y generalizado por parte de la sociedad y agresiones físicas en las calles de sus países de origen. Un hombre de Marruecos dijo que había sido encarcelado, en parte, por su orientación sexual. Tanto Marruecos como Argelia criminalizan la actividad sexual con consentimiento entre personas del mismo sexo, y prevén para esto una pena de hasta tres años de prisión y multas.
Los tres hombres se refirieron a las dificultades que enfrentaban en el centro y en Ceuta debido a su orientación sexual.
Ahmed (seudónimo), de 29 años, y oriundo de Marruecos, dijo que huyó de su país porque sufría amenazas de su familia y de la policía, pero que está recibiendo el mismo trato por parte de otras personas que se alojan en el CETI. “Ellos [otros residentes del CETI] me dicen que si me ven afuera [del centro] me van a pegar”, según contó. “Me atacan, y yo escapo. Una vez, en noviembre o diciembre, uno me pegó”.
Los solicitantes de asilo LGBT están atrapados en Ceuta por causa de una política que, según cree Human Rights Watch, está diseñada para disuadir los pedidos de todos los solicitantes de asilo, salvo los sirios, que consiguen llegar al enclave. Los migrantes que no piden asilo reciben órdenes de expulsión y son trasladados a España peninsular a un promedio que las autoridades procuran que sea de 80 por semana, y allí son asignados a centros de detención mientras se encuentra pendiente su deportación o a refugios gestionados por organizaciones no gubernamentales. Sin embargo, a los solicitantes de asilo en general no se les permite trasladarse.
“Negar a los solicitantes de asilo su libertad de circulación para disuadir las solicitudes no solo sería cruel y errado, sino que además supondría un uso indebido de poder”, apuntó Sunderland. “Sin embargo, la evidencia sugiere que las autoridades ofrecen una dura alternativa a las personas que necesitan protección, al exigirles que manifiesten su necesidad y permanezcan meses o años en una situación indefinida en Ceuta, o que corran el riesgo y pidan asilo recién después de haber sido trasladadas al territorio continental, cuando ya tienen una orden de expulsión en mano”.
Si bien algunos migrantes permanecen en el centro en Ceuta cuatro o cinco meses, los que piden asilo por lo general se quedan allí mucho más tiempo, a veces durante la totalidad del procedimiento en el que se evalúa su solicitud de protección, un proceso que puede demorar bastante más de un año. La policía en Ceuta realiza controles fronterizos e intercepta a solicitantes de asilo que intentan dejar el enclave para ir a la España peninsular.
En 2010, el Ministerio del Interior de España indicó que los solicitantes de asilo en los enclaves reciben documentos que les permiten vivir tanto en Ceuta como en Melilla, el otro enclave español en el norte de África. Sin embargo, el ministerio señaló que en ningún caso estos documentos los habilitan a viajar al territorio continental de España. Si bien las autoridades españolas trasladan regularmente a solicitantes de asilo sirios desde los enclaves, el ministerio no parece haber cambiado su política respecto de otras nacionalidades, a pesar de una serie de sentencias judiciales y de recomendaciones formuladas por el Defensor del Pueblo y organizaciones de derechos de refugiados. Las sentencias judiciales también han dispuesto que los solicitantes de asilo deberían tener libertad de circulación dentro de España.
“La situación de los enclaves, que son las fronteras de la UE en la costa sur del Mediterráneo, es sin dudas diferente de la de otros países de la UE, pero esto no justifica castigar a quienes ingresan a Ceuta en busca de asilo”, señaló Sunderland. “España tiene los medios para tratar dignamente a los solicitantes de asilo, incluidas las personas LGBT que buscan un país tolerante donde puedan vivir sin temor a sufrir discriminación o violencia”.
Fuente: Human Right Watch