Lo ocurrido este 3 de septiembre en Ciudad Universitaria, no es un asunto exclusivo de la comunidad perteneciente a la UNAM, la agresión que sufrieron los compañeros y compañeras de varias escuelas pertenecientes a la Universidad Nacional, todas ellas en solidaridad con el CCH Azcapo, es un acto cobarde y criminal que implica responsabilidad penal para los agresores, por haber agredido de manera organizada, premeditada y por la gravedad de las lesiones provocadas, así como los instrumentos utilizados para infringir dichas lesiones.
Las autoridades universitarias, que bien sabemos suelen utilizar a este tipo de grupos porriles también deben responder ante las autoridades judiciales, en un caso que debe ser tratado con el más estricto rigor judicial y en pleno respeto de la autonomía universitaria.
Debemos, todas y todos, una solidaridad combativa a quienes llevan a cabo este movimiento que surgió, precisamente, como rechazo a la violencia y en exigencia de respeto y seguridad para la comunidad estudiantil.
Exigimos la plena aplicación de las leyes y reglamentos correspondientes, el castigo penal procedente para quienes resulten responsables y el cumplimiento de las demandas de paz, seguridad y autonomía de las y los compañeros estudiantes.
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