Los últimos cambios en La Ley Federal de Derechos de Autor y el Código Penal Federal ponen en riesgo el medio ambiente.
El Congreso de la Unión aprobó en julio pasado, reformas que sancionan la reparación de aparatos electrónicos cuando para ello deba eludirse una medida tecnológica de protección o candado digital, lo que favorece un consumo masivo de estos aparatos, la llamada “obsolescencia programada” .
Los diputados dieron entrada a esta iniciativa para armonizar la legislación mexicana con el capítulo de propiedad intelectual del tratado comercial México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Según Green Peace, se trata de reformas que “favorecen el modelo capitalista actual de producción y consumo en masa, basado en la explotación de la gente y la naturaleza, pues pone en riesgo a quienes reparan aparatos, obligando a la compra de nuevos productos en beneficio de las grandes empresas», Señaló Ornela Garelli Ríos, especialista en Consumo Responsable y Cambio Climático de Greenpeace México, através de un informe en su sitio web.
De acuerdo con el Global E-Waste Monitor 2020, en 2019 se generaron 53.6 millones de toneladas métricas de residuos electrónicos en el mundo con un incremento del 21 por ciento en relación a los últimos cinco años.
Entre otros impactos ambientales que traerán estas modificaciones, destaca una mayor extracción de recursos naturales para fabricar nuevos productos, esto debido en parte al bajo uso de materiales reciclados en los dispositivos. Por ejemplo, Merchant (2017) señala que para obtener 100 gramos de minerales usados en construir un “smartphone”, se deben extraer 30 kilos de roca.
Este esquema produce altas emisiones de gases de efecto invernadero, desde la extracción de la materia prima, la producción, el transporte y la disposición final de los aparatos; a lo que se suma la dependencia en energía sucia en las cadenas de suministro.
También deben considerarse los riesgos asociados al uso de químicos dañinos, metales pesados y sustancias tóxicas como arsénico, níquel, mercurio, plomo, cadmio, berilio, cromo, bario, así como contaminantes orgánico-persistentes, que dañan severamente la salud de las personas y el medio ambiente, ya que al estar presentes en los aparatos y dispositivos electrónicos que se desechan pueden filtrarse a los ecosistemas.
Greenpeace México y R3D pidieron a las y los legisladores «revertir estas reformas que generan grandes impactos sociales y ambientales, asegurar la garantía de nuestros derechos humanos, y abstenerse de apoyar intereses privados que solo buscan acrecentar sus ganancias en detrimento de las personas y del planeta».
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